Mediante los capítulos II y III que se adicionan al Título IV de la Ley 675 de 2001 en el proyecto de ley 511 de 2021, se limita la libertad de oficio del administrador de propiedad horizontal, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de 1991, al establecer dos elementos que limitan el libre ejercicio y establecen un sistema de inspección vigilancia y control de las copropiedades y los administradores, de la siguiente manera:

1. La obligación de registrarse para poder realizar el oficio ante las cámaras de comercio.
2. Un régimen de Inspección, vigilancia y control en el cual se establece un régimen sancionatorio para el administrador de propiedad horizontal que incumpla con las obligaciones inherentes a su oficio.

No obstante, dentro de la regulación que se pretende imponer a los administradores de propiedad horizontal se pierde de vista la necesidad de establecer si administrar de propiedad horizontal, conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, entre ellos, la obligación del legislativo de determinar que un oficio constituye un riesgo social, que permita al Estado limitar y condicionar su ejercicio:

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-756 de 2008, precisó los requisitos del riesgo social de la siguiente forma:

1. La amenaza a la comunidad debe ser clara y presentarse por razones irresistibles esto es, Cuando su ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir.
2. El peligro debe lesionar o amenazar la colectividad, puesto que el riesgo social supone una protección a derechos colectivos.
3. El riesgo social que genera el oficio debe poder controlarse o disminuirse con la formación académica específica o la uniformidad del ejercicio de la profesión.

Aunado a lo anterior, la Corte constitucional en la Sentencia C-166 de 2015, a Sala Plena de esta Corporación precisó que el concepto de riesgo social ha permitido a la sociedad lidiar con el aumento de las incertidumbres generadas por los cambios sociales o fenómenos ambientales. Así, esa categoría «permite a las personas y a las instituciones prever situaciones que antes se consideraban imprevisibles, y responder a ellas de manera eficaz y eficiente. De tal modo, el concepto de riesgo, si bien no le permite al ser humano prevenir la ocurrencia de fenómenos humanos y naturales, al menos sí le permite endogenizar algunos los efectos de dichos fenómenos para controlarlos, en mayor o menor medida« 

Mediante el proyecto de ley se pretende con un listado de funciones establecidas en el artículo 51 del proyecto, establecer la uniformidad del ejercicio, situación que dista de la realidad de la propiedad horizontal, por cuanto la misma es un universo que se encuentra compuesto por diferentes tipos de copropiedades según el destino de sus unidades privadas, la región del país en la que se ubica y el estrato social en el cual se encuentra inmerso, la cantidad de unidades privadas que la componen, entre otros elementos.

Establece dentro de su articulado un régimen sancionatorio a todas luces desproporcionado, que, sin duda, no solo va a lesionar a los administradores, sino también a las empresas que tienen como objeto la administración de propiedad horizontal, y a los propietarios de las unidades inmobiliarias que hacen parte de la persona jurídica por cuanto al aumentar el riesgo del patrimonio de los administradores, aumentara la tarifa para la prestación del servicio.